Asociar lo público y lo
privado es clave frente a la crisis habitacional.
En nuestro país, el sueño de
la vivienda propia sigue tan latente como a principios del siglo pasado,
momento donde el tema habitacional comenzaba a tornarse critico por la
expansión demográfica que acudía en respuesta al "Gobernar es
poblar". Hoy, sin esa expansión demográfica, millones de argentinos no
pueden alcanzar el sueño de tener su casa.
La Argentina tiene un
déficit habitacional estructural creciente. Desde 2010 este déficit se
incrementó un 35% (de 2,76 millones en 2010 a 3,8 millones de hogares este
año). ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que nuestros vecinos como Chile,
que tenían serios problemas de vivienda hace 30 años, hoy estén mucho más cerca
de resolverlo?
No existe una única
respuesta. La falta de una política de Estado, de créditos hipotecarios y de
tierra disponible; la concentración de la riqueza; el exceso o la falta de
intervención estatal; una normativa anticuada y problemas culturales son las
respuestas que podrían darse al buscar las causas de la problemática.
A la vez, las crisis
contribuyeron a crear la cultura en la cual la única inversión segura fueron
"los ladrillos". Esto llevó a concentrar los esfuerzos de los
desarrolladores inmobiliarios en proyectos para los quintiles más ricos. Y se
dejó sin oferta a muchos sectores obligando al Estado a convertirse en
constructor.
Nuestra visión es que el rol
del Estado debe ser el de facilitar y coinvertir. La intervención pública debe
orientarse a subsidiar la demanda de quienes no alcanzan el mínimo para acceder
a una vivienda digna. El relanzamiento de Procrear, que forma parte del Plan
Nacional de Vivienda, subsidia y prioriza a las familias según su situación
socioeconómica. El Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso el proyecto de ley
para la aprobación de un régimen de asociación público privada, como nueva herramienta
jurídica para ayudar a reducir el déficit de infraestructura y generar mayor
interés del sistema financiero. Desde el Gobierno comenzamos desarrollando
proyectos de asociación que permiten que no sea sólo el Estado el que genere
las soluciones habitacionales, sino que coinvierta con el privado. Para ello
fomentamos proyectos urbanísticos integrales, con diseño de calidad y mixtura
social. Y con beneficios impositivos buscamos que las empresas desarrollen
proyectos de vivienda para empleados.
Por último estamos
trabajando en un proyecto de ley con beneficios tributarios para proyectos de
inversión vinculados a la construcción, refacción, ampliación y/o reciclaje de
viviendas de interés social, de inmuebles cuyo destino sean la venta y/o el alquiler,
siguiendo el ejemplo de países como Uruguay. Estas herramientas permitirán
incrementar la oferta de viviendas sociales, tan necesarias para disminuir el
déficit habitacional que no dejó de crecer en las últimas décadas, y para
acercarnos cada vez más al sueño que planteó nuestro presidente: una Argentina
con pobreza cero.
Fuente: www.lanacion.com.ar
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