Las empresas de triple
impacto -económico, social y ambiental- se proponen tener una identidad que
esté reconocida por ley; llegan al Congreso propuestas de la sociedad civil
para impulsar esa manera de hacer negocios.
Ser una empresa que produce
yerba mate, bienestar para familias de comunidades aborígenes y un entorno que
preserva la vegetación nativa del bosque. Crear una firma que diseñe, a la vez
que juguetes infantiles, un esquema de inclusión laboral para jóvenes sin
capacitación previa y un circuito para dar uso a materiales reciclados,
provenientes de objetos que pudieron ser, pero que finalmente no fueron basura.
Poner en marcha un emprendimiento para fabricar calzados y, al mismo tiempo,
hacer algo útil con restos de neumáticos.
La llamada actividad del
triple impacto -por sus efectos en lo económico, lo social y lo ambiental- es
en el mundo una realidad en crecimiento. Y en la Argentina, sus actores se
proponen por estos días que una ley reconozca su existencia, con la creación de
una figura jurídica en la que puedan encuadrarse las empresas que se fijan un
propósito societario "ampliado": el de generar, desde el corazón
mismo del negocio, beneficios sociales y ambientales a la par de los
económicos.
Los objetivos mencionados en
el primer párrafo, de hecho, son los de tres de las 42 empresas certificadas
como B que hay en la Argentina: Guayakí (productora de yerba mate y derivados,
que exporta principalmente a Estados Unidos y Canadá), Ondulé (fabricante de
juguetes en base a cartón reciclado) y Xinca (que produce calzados cuyas suelas
están hechas con goma de neumáticos en desuso). La letra B que identifica a
estas firmas proviene de la expresión Benefit Corporation, surgida en Estados
Unidos, uno de los países -otro es Italia- donde rigen normativas específicas
para estas empresas.
La necesidad de dar un marco
jurídico a los actores de una economía sustentable es uno de los postulados que
surgió en 2015 en la iniciativa #101 Soluciones, desarrollada por la
organización social Ashoka, la Fundación Avina, Socialab, Sistema B (la ONG que
agrupa y certifica a las empresas de triple impacto) y LA NACION, y que contó
con el apoyo del Banco de Desarrollo de América latina y del Centro de
Innovación Social de la Universidad de San Andrés. Se convocó, a mediados del
año pasado, a proponer políticas de incentivo y quita de obstáculos para la
expansión de una economía inclusiva; se reunieron 125 ideas, algunas de las
cuales avanzan ahora con la posibilidad de convertirse en proyectos de ley.
La conformación de una banca
ética o sustentable, la creación de un registro de residuos que podrían
transformarse en insumos y la disposición de incentivos para la contratación
laboral de personas que integran grupos vulnerables están entre los temas por
ser considerados para generar políticas públicas.
En el caso del marco legal
para empresas de triple impacto, un anteproyecto elaborado por la Comunidad
Jurídica de Sistema B Argentina y presentado días atrás en una reunión con un
grupo de diputados en el Congreso, se propone establecer la figura jurídica de
sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). Según explica la abogada
Soledad Noel, que integra el mencionado grupo de profesionales, esa identidad
no daría ventajas impositivas ni obligaría a certificarse con el sello que
existe -en más de 40 países- para las compañías de triple impacto.
El objetivo del encuadre
legal específico -que fue también propuesto en una iniciativa presentada en
2014 por la diputada Cornelia Schmidt, de Pro- es dar respaldo jurídico al
objetivo ampliado de la empresa y expandir, consecuentemente, las posibilidades
de actuar de quienes deciden cómo hacer los negocios. "Hoy, la función de
quienes ejercen la gestión en la compañía es maximizar la responsabilidad ante
el accionista; con este proyecto las empresas podrían tomar decisiones tras
poner varias cuestiones en la balanza y no sólo la evaluación de la
rentabilidad", describe Noel.
Según los fundamentos del
proyecto, no regular las cuestiones vinculadas a las sociedades BIC
"afectaría la seguridad jurídica". Esa afirmación se sustenta en que,
en base a la ley de sociedades, "la generalidad de la doctrina y la
jurisprudencia ha asimilado el concepto de interés social al de la maximización
de utilidades, siendo el deber principal de los administradores procurar «ese»
interés". La propuesta contempla la exigencia de elaborar un informe anual
sobre el cumplimiento de los propósitos sociales y ambientales autoimpuestos,
que sea público y que esté auditado por un profesional matriculado.
Según el proyecto, una
sociedad BIC tendría un segundo "ropaje", porque no dejaría de lado
su condición de sociedad anónima o de la forma jurídica que tenga. Sí perdería
su identidad de BIC si no cumple con sus propósitos, que siempre implican una
especial manera de vincularse con sus empleados, los grupos con los que se
relaciona al hacer negocios, el medio ambiente y los efectos de largo plazo de
su actividad.
Crear una figura jurídica
para empresas sociales "es uno de los primeros temas a abordar para dar
impulso a una economía sustentable y más humana", dice Daniela Kreimer,
líder de Economías Integradas de Ashoka para Argentina, Paraguay y Uruguay,
organización que promueve el surgimiento de emprendedores sustentables. La
legislación "dará vida a un gran número de oportunidades", se
entusiasma, a la vez que considera que la generación de un registro único de
empresas de triple impacto, la conformación de fondos de inversión para el
sector y la reducción de cargas impositivas o las exenciones son algunos de los
instrumentos que ayudarían. "Otro paso importante es la concientización de
cada ciudadano sobre el poder que tienen las decisiones de compra",
afirma.
Establecer o no incentivos
impositivos podría ser un debate para el futuro. Pedro Tarak, cofundador de
Sistema B e integrante del directorio de Guayakí, dice que "la identidad
de mercado" que implica ser B no tiene que ver hoy con ese tipo de
beneficios. "De lo que se trata es de ver cómo nos organizamos para
resolver al mismo tiempo los problemas económicos, sociales y ambientales; todo
desde un concepto de integralidad", define.
Para Juan Cruz Zorzoli,
director ejecutivo de la empresa social Amartya -dedicada a educar en temas de
sustentabilidad-, a la par de incentivos para las empresas que generen impacto
social deberían establecerse "marcos jurídicos que desalienten parte de la
cultura de producción actual y que permitan cambiar el modelo del siglo XIX
para adaptarse a lo nuevo". En #101 Soluciones, una de las propuestas de
Zorzoli se refirió a incentivar la economía circular basada en un esquema de
producción diseñado de tal forma que el concepto de basura tienda a
minimizarse, a partir del creciente reciclaje de materiales.
La idea de "lo
circular" tiene que ver con un movimiento más amplio de alcance global,
que plantea que hacia el futuro sólo podrá haber desarrollo si hay una producción
económica con respeto por el ambiente y las personas. Según esa visión -que es
promovida por la Agenda 2030 que fijó Naciones Unidas para el desarrollo
sustentable-, dar impulso a una manera de producir que no sea indiferente a los
efectos colaterales no es opcional, sino algo imperativo, sobre todo cuando
según informes de organismos como la Cepal se advierte que el crecimiento
económico se dio muchas veces al costo de un deterioro de los recursos
naturales y de un mayor calentamiento global. Más allá de las consecuencias en
la calidad de vida, esos costos para el planeta se vuelven finalmente en contra
de los propios negocios.
"La economía
sustentable es la que es consciente de que debe atender las necesidades de
producción y consumo de toda la sociedad, priorizando y protegiendo el acceso
universal a los bienes públicos, comunes y útiles, y considerando que el modo
de producir no puede impactar negativamente en la sostenibilidad del
planeta", define Pablo Vagliente, de la Fundación Avina, quien destaca que
algunas propuestas de #101 Soluciones despertaron interés en el Congreso y que
se espera impulsar otras "en diálogo con funcionarios nacionales".
Posibles leyes
Desde su despacho al que
equipó con muebles diseñados por emprendedores y hechos con materiales
reciclados, el diputado Marcelo Wechsler (que tuvo durante años actuación en el
tercer sector desde la Fundación Argentina Ciudadana) cuenta que se propone ser
un vehículo para presentar iniciativas en el Congreso que tiendan a generar un
ecosistema adecuado para emprendimientos sociales. Hoy tiene en estudio varias
propuestas de #101 Soluciones, como las referidas a la creación de una banca
ética, al desarrollo de las microfinanzas y al armado de un registro de
residuos. "Queremos instalar la lógica de la ciudadanía participando en la
elaboración de las leyes", dice.
"Parte del objetivo es
el desarrollo regional: que la gente no deje su lugar, que haya empleo en
diferentes partes del país y que entonces se genere permanencia desde una
agenda de inclusión", agrega Wechsler.
Un tema de debate es cómo
dar impulso al financiamiento de actividades inclusivas. Julián Costábile,
director de Sustentabilidad de la firma SMS y con experiencia en prácticas de
finanzas para proyectos de impacto, advierte que, al generarse incentivos
fiscales o facilitarse el acceso al crédito, a la capacitación y a los
mercados, el desafío es que la normativa, sin quedarse en conceptos abstractos,
defina bien cómo identificar a quienes accederían a esos estímulos.
Kreimer hace referencia
también a otro objetivo ambicioso para ayudar a direccionar correctamente las
políticas y a ampliar el espacio de la economía sustentable: el de contar con
un sistema de mediciones que permita conocer el ahorro que los proyectos
inclusivos le generan al Estado en el mediano y largo plazo.
Fuente: www.lanacion.com.ar
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